MONTEVIDEO, Uruguay – La producción agrícola de este país incluye arroz, frijol de soya y trigo. Pronto, no obstante, el gobierno podría ensuciarse las manos con un cultivo muchísimo más complicado, la marihuana, como parte de un movimiento en ascenso en esta región para crear alternativas a la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos.
El famosamente rebelde presidente de Uruguay primero llamó a “una legalización regulada y controlada de la marihuana” en un plan de seguridad revelado el mes pasado. Y ahora lo único de lo que cualquiera puede hablar en esta ciudad es de los impactos potenciales de un mercado formal para lo que Ronald Reagan describió alguna vez como “probablemente la droga más peligrosa en Estados Unidos”.
“Es un cambio profundo en el enfoque”, dijo Sebastián Sabini, uno de los legisladores que trabaja en la polémica propuesta revelada por el presidente José Mújica el 20 de junio. “Queremos separar al mercado: a los usuarios de los traficantes; a la marihuana de otras drogas como la heroína”.
Por toda Latinoamérica, dirigentes consternados por la propagación de la violencia relacionada con las drogas están ponderando políticas públicas que otrora habrían sido inconcebibles.
¿Despenalizar todo, desde la heroína y la cocaína hasta la marihuana? Los congresos brasileño y argentino piensan que esa sería la mejor forma de permitir que la policía se centre en los traficantes en lugar de en los adictos.
¿Legalizar y regular no sólo el uso de los narcóticos, sino también la transportación, quizá con fuertes aranceles por embarques de mayoreo? El presidente Otto Pérez Molina de Guatemala, un sensato ex general militar, llamó a discutir tal enfoque, mientras que dirigentes en Colombia, México, Belice y otros países también demandan una discusión más amplia sobre la liberalización de las severas leyes contra los narcóticos.
Uruguay llevó a otro nivel la experimentación. Funcionarios de Naciones Unidas dicen que ningún otro país ha considerado en serio la creación de un monopolio, completamente legal, administrado por el Estado, para la marihuana y cualquier otra sustancia prohibida en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Hacerlo convertiría a Uruguay en la primera república de la marihuana del mundo, adelantándose a los Países Bajos, que han ignorado oficialmente la venta y uso de la marihuana desde 1976, y Portugal, que abolió toda sanción penal por uso de narcóticos en 2001. Aquí, en contraste, nacería una industria operada por el Estado, creada por burócratas gubernamentales convencidos de que oponerse a la marihuana es sencillamente obsoleto.
“En 1961, la televisión era sólo en blanco y negro”, dijo Julio Calzada, el secretario general de la Junta Nacional sobre Drogas. “Ahora tenemos internet”.
Resulta que desengancharse del hábito prohibicionista no es tarea fácil. Aun aquí, en un país pequeño y progresista, con 3.3 millones de habitantes, la propuesta del presidente se ha topado con una racha de oposición. Médicos, rivales políticos, usuarios de marihuana y funcionarios de seguridad han expresado su inquietud sobre cómo se manejaría la yerba y si la legalización, o algo cercano a ella, aceleraría el recrudecimiento del problema de las adicciones y los delitos en Uruguay.
Mújica, de 78 años, un ex guerrillero bohemio, que maneja un sedán Volkswagen 1981, parece sorprenderse ante la respuesta. Dijo este mes que si la mayoría de los uruguayos no comprenden el valor de la legalización, suspendería su plan mientras trabajaría duro en los detalles y en lograr el apoyo popular. Sin embargo, se trata de un dirigente rebelde que pasó más de una década en la cárcel como preso político, así es que aun cuando hablaba de aplazamiento, dio indicios de que podría no estar dispuesto a darse por vencido y enfatizó que los drogadictos “están esclavizados por un mercado ilegal”.
“Siguen el camino del crimen porque no tienen el dinero”, dijo, “y se convierten en traficantes porque no tienen otros medios financieros para satisfacer su vicio”.
Su gobierno avanza aunque tiene una estrecha mayoría en la Asamblea Nacional. Uno de los asesores del presidente dijo este mes que se presentarían borradores de legislaciones en unas cuantas semanas, y Calzada, entre muchos otros, ha estado trabajando duro. Su escritorio está cubierto con notas escritas a mano sobre mercados locales de drogas. Un tecnócrata de carrera, con el cabello largo y ralo de un roquero avejentado, dijo que ha estado ocupado calculando cuánta marihuana debe cultivar Uruguay para sacar del negocio a los narcotraficantes. Concluyó que para unos 70,000 usuarios mensuales, el alijo debe ser de al menos 5,000 libras al mes.
“Tenemos que garantizar que todos nuestros usuarios vayan a poder obtener un producto de calidad”, señaló
Agregó que la seguridad sería otro reto. Los carteles de la droga protegen su producto ocultándolo, y siempre está presente la amenaza de la violencia. Funcionarios uruguayos, incluido Sabini – uno de varios legisladores que admite abiertamente haber fumado marihuana – prefieren un enfoque más amable. Imaginan permitir que los fumadores individuales cultiven marihuana para su propio uso no comercial, en tanto que agricultores profesionales proporcionarían el resto, cultivándola en pequeñas parcelas que podrían protegerse con facilidad.
El gobierno también mandataría que los usuarios se registraran para recibir credenciales a fin de mantener alejados a los extranjeros, una idea influida por los Países Bajos, que consiste en restringir la venta de la marihuana a los residentes – y rastrear y limitar las adquisiciones de los uruguayos (a quizá 40 cigarrillos mensuales, dicen funcionarios). Finalmente, habría sistemas establecidos para regular los niveles de THC, el ingrediente activo de la marihuana, y gravar con impuestos a los productores, y se dependería para su aplicación de los organismos reguladores del tabaco, el alcohol y los farmacéuticos.
Funcionarios reconocen que para tratar de vencer a capos como el mexicano Joaquín Guzmán, conocido como Chapo, en su propio juego, Uruguay necesitaría cooptar a viejos enemigos y unir fuerzas con los mismos aficionados a las drogas a los que ha enviado a la cárcel durante años.
Eso significa congraciarse con personas como Juan Vaz. Un programador de computadoras delgado, de cabello oscuro y padre de tres hijos, quien es, quizá, el activista en pro de la mariguana más famoso de Uruguay. Vaz pasó 11 meses en prisión hace algunos años después de que lo atraparon con cinco plantas de marihuana en floración y 37 almácigos. En una entrevista, comparó a la yerba con el vino, y expresó tanto interés como alarma respecto a los planes del gobierno. Dijo que le complace ver que el gobierno se hace cargo del problema, pero, como muchos otros, dijo que teme al control gubernamental.
La marihuana para uso personal ya está despenalizada en Uruguay, así es que Vaz, de 45 años, dijo que la idea de un registro de productores y usuarios equivale a un paso hacia atrás de tipo orwelliano. “Nos preocupa la violación de la privacidad”, expresó.
Otros cultivadores y fumadores, que hablaron a condición de no ser totalmente identificados, parecían más ansiosos en participar. Gabriel, de 35 años, un intermediario y usuario que vive en el centro de la ciudad, dijo que le alegra que haya un mercado legal y espera que dificulte el lado más oscuro del negocio de la droga.
Martín, de 26 años, un programador barbado, cuyo armario lleno de plantas de marihuana agrega un aroma singular a su departamento en una unidad habitacional, dijo que sus amistades han hablado sobre comenzar una granjita de marihuana.
Gabriel dijo que ha vendido la yerba en forma intermitente durante 15 años – poco más de dos libras mensuales – y la gente a la que se la compra lo presiona a menudo para que consuma drogas más peligrosas, como pasta de cocaína, una sustancia parecida al crac que se ha propagado en forma desenfrenada por toda la región desde 2001.
Por lo general, se culpa a “la pasta base”, como la llaman aquí, del reciente incremento de la drogadicción y los crímenes violentos en Uruguay, y Mújica ha dicho que la legalización de la marihuana rompería el ciclo de la adicción y la delincuencia que comienza cuando los usuarios se convierten en traficantes.
Muchos en la comunidad que trata adicciones tienen dudas. “Nunca te vas a deshacer del mercado negro”, notó Pablo Rossi, el director de la Fundación Manantiales, que opera varios centros de tratamiento con alojamiento en Montevideo.
Sin embargo, Gabriel dijo que es inevitable que se adapten los grandes traficantes. La pregunta es: ¿para bien o para mal? Quizá empezarían a vender más barata la cocaína, dijo, causando más problemas. O quizá se los obligaría a salirse totalmente del negocio de las drogas. Por ahora al menos, pareciera que más bien temen al cambio: comentó que un kilogramo de marihuana (2.2 libras) cuesta ahora cerca de 470 dólares en Uruguay, en comparación con cerca de 375 dólares antes de que se anunciara la propuesta de la legislación.
“Tratan de ganar tanto dinero como puedan”, expresó Gabriel. “Creen que es inminente la legislación”.
Matilde Campodonico/The New York Times
