COLIMA, México – Después de que mataron a su hijo Alfredo el año pasado en su refaccionaria automotriz, Carmen Plascencia de Carrillo notó que dos medias hermanas no asistieron ni al velorio ni al funeral.

“Quizá tu hijo estaba involucrado en otras cosas”, recordó Carrillo enojada que le explicaron.

Rafael Carrillo, un hermano de la víctima, se dio cuenta que vecinos mantenían su distancia hacia él. También le dijeron que no fuera a la boda de un primo por temor a que representara un riesgo para otros invitados. Bajaron los clientes del puesto de comidas de una hermana.

Con 50,000 asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas en México en los últimos seis años, no es posible exagerar la cantidad de sufrimiento que enfrentan los sobrevivientes. Sin embargo, mientras lloran a sus seres queridos, los afligidos mexicanos también deben lidiar con las sospechas de quienes se preguntan si las víctimas se buscaron los problemas y si sus familiares podrían también ser delincuentes.

“Hay madres hoy que lloran como viudas con niños pequeños que no conocerán a sus padres”, señaló Rafael Carrillo, “y, además de eso, la sociedad decidió que es su responsabilidad dañarnos con comentarios negativos”.

Como es el caso en la gran mayoría de los asesinatos mexicanos, nadie sabe quién mató a Alfredo Carrillo de 42 años, el 12 de febrero de 2011, ni por qué. ¿Los tres empleados, también asesinados, y él estaban involucrados con el crimen organizado, eran víctimas de extorsión o los ultimó un enemigo desconocido por una disputa más personal?

El ataque tiene las marcas conocidas de muchos tiroteos masivos en México. El camión picop llegó rápidamente a la tienda, se bajó un “grupo armado” y tras lanzar una ráfaga de balas, había tres personas muertas y otra moriría pronto a causa de las heridas.

Alfredo Carrillo fue dueño del taller durante 17 años, donde vendía partes de motor, puertas y parabrisas usados, y también hacía trabajos de retoque. “¿Ya te llamaron?”, le había preguntado Carrillo a un amigo días antes de morir, cuando contó sobre una llamada de extorsión que recibió, expresó su hermano.

Rafael Carrillo, de 47 años, un criminólogo, quien ha visto su buena cuota de cuerpos abaleados, recordó haber llorado y empujado a colegas afuera del taller cuando le impedían la entrada.

En alguna parte de las oficinas centrales de la procuraduría estatal están las truculentas fotografías de lo que habría visto; no soporta verlas.

A la distancia, el caso se podría considerar como parte del ciclo de violencia en México que el gobierno atribuye al narcotráfico y al crimen organizado.

Sin embargo, la definición de “involucrado” o no es turbia, y no existe un desglose de cuántas de las víctimas eran inocentes; a menudo, cualquier asesinato múltiple lleva a las suposiciones de que las víctimas se vieron envueltas de alguna forma en los bajos fondos.

El propio presidente Felipe Calderón se apresuró a adoptar esa conclusión después de una masacre de estudiantes en Ciudad Juárez en 2010, y después tuvo que dar marcha atrás en medio de una tormenta pública.

“Siempre dicen que hay una investigación abierta”, dijo Edgar Cortez, un investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una organización nacional que defiende a las víctimas del crimen. “Luego, no hay ninguna investigación, dejando todas estas duda y suposiciones, y ninguna justificación para decir que esta persona estaba involucrada o no”.

Las dudas persiguen a las familias, y la falta de aprehensiones y condenas priva a los sobrevivientes de respuestas para repeler los rumores e insinuaciones que siguen inevitablemente.

“México”, dijo Rafael Carrillo, “está lleno de historias como la mía”.

Colima es un pequeño estado costero en el Pacífico, rodeado por otros más violentos, Jalisco y Michoacán. No es frecuente que sea noticia por derramamientos de sangre, pero una racha de violencia ha turbado a los habitantes, y el periódico local, Diario de Colima, informó este mes sobre la creciente inquietud bajo el titular en primera plana: “Colima ya no es un lugar seguro, dicen ciudadanos”.

Rafael Carrillo ha vivido esa inseguridad. Como criminólogo, va al lugar de los hechos y recopila evidencia para los fiscales. El trabajo se limita más o menos a eso; no resuelve casos ni siquiera oye hablar mucho sobre ellos después de entregar el material.

Cuando llegó la temida llamada, un colega sólo reportó un alboroto en el taller de su hermano y Rafael Carrillo se apresuró a ir, y comprendió con cada vez más temor lo que estaba pasando a media que se acercó, y vio las patrullas y el camión del médico legista.

El asesinato apareció en toda la primera plana de los periódicos locales y también ameritó una pequeña nota en un par de los nacionales.

A pesar de la sospecha, docenas asistieron al funeral para recordar a un hombre sociable, con un espíritu generoso.

Fue Alfredo Carrillo, un padre de cuatro, quien organizó y, en ocasiones, ayudó a preparar “comidas” el domingo – relajadamente prolongadas – para la familia extensa en el pequeño restaurante de su madre.

No parecía tener problemas, dijo su hermano, pero después del funeral un amigo mutuo le contó de la llamada para extorsionarlo.

Otros parientes especularon sobre su relación con las peleas de gallos por ser su pasatiempo. Un amigo que criaba las aves con Alfredo – ocho siguen enjauladas en una casa – notó que nunca apostó y que sólo lo hacía por diversión. Sin embargo, permitió que personajes sin duda sospechosos se presentaran en las peleas, la última de las cuales ocurrió el día antes del asesinato de Alfredo Carrillo.

Familiares y amigos se preguntaron si los gatilleros tenían algún problema con uno de los trabajadores del taller, pero el porqué mataron a todos desafió toda explicación.

La Procuraduría declinó comentar más allá de una declaración emitida en ese momento, en la que aparecen incorrectamente el nombre y la edad de Alfredo Carrillo, y se dice que la investigación aún está en curso. El jefe policial Alejandro Guerrero Guerrero no respondió los mensajes telefónicos ni los correos electrónicos.

El taller de Alfredo Carrillo, Yonke El Tukán (un juego sobre la nariz prominente de Alfredo, como pico de tucán) también atrajo su parte de vagos y gente que prefirió comprar lo que necesitaba sin preguntar. Se ubica en un barrio precario, donde las personas prefieren no hablar del crimen con un extraño.

Después del tiroteo, Rafael Carrillo huyó a Estados Unidos por unos cuantos meses. Sin embargo, regresó por no tener visa de trabajo y pocas posibilidades de continuar su carrera allá. Otro hermano también huyó y sigue en Texas.

De vuelta en su casa, Rafael Carrillo temió hurgar demasiado profundamente en el caso. “Para decirle la verdad, tengo miedo”, dijo. “Todos tememos preguntar sobre esto. La respuesta está en alguna parte, ¿pero qué nos pasa si la sabemos? Quiero seguir viviendo en Colima”.

Cerca del aniversario del tiroteo, comenzó una página en Facebook, Colima Nomasdolor, en parte para dar rienda suelta a su frustración y angustia.

Sin embargo, al igual que la mayoría de los familiares de las víctimas, sufre en silencio, atrapado por el miedo a convertirse en un activista, como lo han hecho algunos, con ocasionales resultados fatales. En diciembre de 2010, mataron a tiros a una madre que exigía justicia por el asesinato de su hija, afuera de un tribunal en el norte de México.

Alfredo Carrillo yace en un cementerio municipal polvoso, de 100 años de antigüedad. Colocada encima de la tumba, decorada con tres figuras de gallos, había una placa que dejó una sobrina como una oda a su tío.

“Gracias por preocuparte por mí, gracias por darme confianza”.

Un domingo reciente, Rafael Carrillo estaba parado frente a ella, batallando para resumir sus sentimientos antes de simplemente decir: “Dolor e impotencia es lo que sientes”.

Después, compartió una carta que le escribió a su hermano fallecido después del aniversario de su muerte.

“Algún día, pronto, volveremos a estar todos juntos”, escribió, “pero no estarán los que hieren con sus comentarios negativos, especulaciones y envidias”.