Raphael Minder informó desde Madrid y Simon Romero informó desde Río de Janeiro. David Barboza contribuyó desde Shanghái y Paul Geitner desde Bruselas.

MADRID.- Repsol YPF, la empresa petrolera de España, informó este martes que buscaría cuando menos 10,500 millones de dólares de compensación por la nacionalización que Argentina planea de sus extensas operaciones allá.

Antonio Brufau, el presidente de Repsol, dijo que esta desafiaría lo que llamó “un acto ilegal e injustificable” en tribunal internacionales, afirmando que el gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner había amenazado deliberadamente a Repsol en meses recientes para deprimir el precio de sus acciones con miras a una expropiación.

Además, reconoció que otras empresas habían mostrado interés en YPF, que representa un tercio de la producción petrolera de Argentina, aunque se negó a confirmar informes en el sentido que Sinopec, la segunda mayor empresa petrolera de China, había ofrecido invertir 15,000 millones de dólares en YPF.

Bajo el plan de Kirchner, anunciado este lunes, el gobierno argentino tomaría una participación controladora de 51 por ciento en YPF. El plan forma parte de una iniciativa de ley que ya fue presentada al Congreso de Argentina, misma que se prevé ampliamente sea aprobada.

Sin embargo, Repsol también está contando con el firme apoyo político en un asunto que ha desgastado las relaciones de Argentina con España y con la Unión Europea, que se está poniendo del lado de España en sus tratos bilaterales con Argentina.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, canceló una reunión del comité conjunto UE-Argentina, mismo que cubre temas tanto políticos como de comercio, a celebrarse el jueves y el viernes en Buenos Aires. El presidente de la comisión, José Manuel Barroso, dijo este martes en Bruselas que estaba “seriamente decepcionado” por el anuncio de la nacionalización.

Catherine Ashton, la alta representante de la Unión Europea para asuntos del exterior, advirtió que “esta iniciativa crea inseguridad legal para todas las empresa de la Unión Europea y extranjeras en el país”.

El canciller español convocó al embajador argentino el martes para conversaciones ulteriores en anticipación a medidas en represalia, mismas que Madrid aún no ha especificado pero que promete revelar en los próximos días.

Sin embargo, al gobierno español también le preocupa que eso no ponga en riesgo otras inversiones corporativas en Argentina en momentos que las mayores empresas de España están dependiendo de sus ingresos latinoamericanos para compensar el descenso de los ingresos nacionales.

Las acciones de Repsol cayeron 6.1 por ciento este martes en Madrid. Las acciones de YPF bajaron 7 por ciento en transacciones ya entrada la tarde en buenos Aires, después de perder 2.4 por ciento este lunes.

El martes, el presidente de Repsol, Brufau, dijo que su empresa exigiría que el gobierno argentino respete los estatus adoptados en la época de la privatización de YPF, en los años 90, y evite cualquier discriminación entre accionistas.

Expertos de comercio en la Comisión Europea notan que los intereses de inversiones no están cubiertos bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio, así que no existe un solo plan para ir en pos de una queja allá.

En el ínterin, Brufau sugirió que se buscara el arbitraje del Banco Mundial. Pero un analista de RRBC Capital Markets, Peter Hutton, destacó que “tras nacionalizaciones generalizadas después de su impago a la deuda en 2011, Argentina ya tenía más disputas pendientes en su contra en el Centro Internacional del Banco Mundial para Convenios de Discusiones sobre Inversiones que cualquier otro país”.

En otro inquietante precedente de últimas fechas para Repsol, Venezuela anunció en enero pasado que abandonaría al organismo de arbitraje del Banco Mundial tras un fallo en un caso multimillonario a favor de Exxon Mobil. Hutton también pronosticó en su nota a inversionistas que la política de pago de dividendos* de Repsol sería puesta bajo presión como resultado de haber perdido YPF, la cual representa dos quintos de las reservas de petróleo estimadas de Repsol. Sin embargo, Brufau dijo este martes que una expropiación no incidiría sobre los pagos de dividendos de Repsol y su crecimiento en el futuro porque la empresa, más bien, invertiría más en otros proyectos. Brufau afirmó que YPF debería ser valuada en 18,300 millones de dólares, en tanto la participación de Repsol, de 57 por ciento, valdría 10,500 millones de dólares. El valor de YPF en el mercado ascendía a 9,600 millones de dólares este martes, por debajo de los 10,400 millones de dólares del lunes, cuando las transacciones fueron detenidas después del anuncio de Kirchner. Un dolor de cabeza adicional para Repsol ahora es saber si puede recuperar 1,900 millones de dólares en préstamos al Grupo Petersen, el vehículo de inversión de la familia argentina de los Eskenazi, que es dueña de una cuarta parte de las acciones de YPF.

Cuando Kirchner anunció su decisión este lunes, argumentó que la expropiación de YPF, empresa fundada por el gobierno argentino en los años 20 y privatizada en los 90, fue una “recuperación de soberanía y control”. En los últimos meses, el gobierno en Buenos Aires ha estado acusando a Repsol de no invertir en la medida suficiente para desarrollar la producción de YPF y más bien pagar grandes dividendos.

Ella dijo que esta acción le permitiría a Argentina, que hace poco se convirtió en un importador de energía, elevar la producción. Brufau rechazó dichos alegatos este martes, sugiriendo que el gobierno necesitaba un chivo expiatorio para justificar una política de energía que ha dejado a la Argentina importando gas incluso a siete veces el subsidiado precio para el consumidor nacional.