SALT LAKE CITY – Es un republicano y un mormón. Se opone al aborto. Mark L. Shurtleff, el procurador general de Utah, también rechaza la ley de atención de la salud del presidente Barack Obama por considerarla un asalto contra los derechos de los estados, y fue a Washington la semana pasada para exhortar a la Corte Suprema que la deseche.

Punto tras punto, Shurtleff, ahora en su tercer mandato, satisface los criterios para cualificar como conservador. Sin embargo, sobre la inmigración, ve las cosas en forma diferente a los republicanos que han hablado más alto sobre el tema en los estados y de los precandidatos partidistas para la candidatura republicana a la presidencia – incluido otro mormón, Mitt Romney.

Romney se hizo eco de los legisladores de Arizona y Alabama, exhortando a más medidas y más estrictas para arrinconar a los inmigrantes indocumentados y obligarlos a “autodeportarse”.

Shurtleff realizó su propia campaña para difundir el compromiso más incluyente que adoptó Utah el año pasado. Un paquete de leyes que incluyó una sobre el orden público, como una de Arizona, por la que se amplió la autoridad policial para identificar a los inmigrantes indocumentados, junto con una medida por la que se les reconoce un papel a algunos de esos inmigrantes dándoles permisos estatales como trabajadores huéspedes.

Shurtleff, de 54 años, es probablemente el político más prominente en una generación emergente de republicanos que tratan de asegurar una alternativa a las leyes de inmigración restriccionistas, basadas en la de Arizona.

“Sólo son las voces fuertes y chillonas que hemos estado oyendo”, dijo Shurtleff en su oficina en el Capitolio de mármol del estado, en una colina de esta ciudad. “Pero creo que la mayoría de los republicanos no tienen este tipo de mentalidad chillona, contra la inmigración, de castíguenlos a todos”.

Está en una buena posición para presentarles sus puntos de vista a los electores republicanos enojados. Un hombre grande – de seis pies y cinco pulgadas – con enorme presencia en Utah, se deslizó fácilmente hacia la reelección en dos ocasiones. Duro contra el crimen, también es afable, franco y sorprendentemente desprevenido al hablar de sus ideas en evolución y su vida personal.

Solía montar su motocicleta Harley Davidson por toda la ciudad, hasta que un choque casi le cuesta una pierda. Hace poco apareció en un partido de básquetbol del equipo Utah Jazz con sus cinco hijos, una docena, más o menos, de familiares, y la gorra de béisbol al revés. Otra noche, se estuvo mucho rato cenando en el salón trasero del Red Iguana, un restaurante conocido por sus auténticos moles mexicanos, recibiendo miradas de admiración de otros comensales.

Como lo ve Shurtleff, la ley Arizona, conocida como S.B. 1070, fue divisoria, dañina para los negocios y mala para la seguridad pública. “Haces que toda esta gente pase a la clandestinidad”, dijo, “y ya no van a cooperar con las fuerzas del orden para atrapar a los narcotraficantes, tratantes de personas, pandilleros y todos los extranjeros verdaderamente criminales que están aquí”.

Piensa que tales iniciativas están basadas en información errónea. “Que se trata de una verdadera invasión a nuestro país por parte de los criminales, que 80 por ciento de los latinos cometen delitos violentos y todas estas otras tonterías que oyes, la gente las cree”, dijo Shurtleff. “Y eso se debe a que no ha habido una voz positiva que diga lo contrario, la verdad al respecto”.

Las verdades de Shurtleff se basan en organismos de ideas parecidas en Utah. Después de que Arizona aprobó la ley en 2010, empezó una cadena de correos electrónicos entre una extraña coalición que incluyó a Shurtleff y a la Cámara de Comercio de Salt Lake, jefes de la policía locales, oficinas de agricultura, dirigentes latinos, legisladores demócratas y la Iglesia católica romana.

Una inesperada impronta de legitimidad provino de Paul T. Mero, el presidente del Instituto Sutherland, un organismo de investigación, conservador e influyente, en esta ciudad. Mero, también un mormón, dijo que cree que hay un sólido argumento conservador para incorporar a los inmigrantes indocumentados al sistema en lugar de sacarlos.

“El gobierno federal fracasó, dejó al estado colgado”, dijo Mero. “Y ahora el estado responde para proteger a sus ciudadanos, proteger su economía y, francamente, proteger los derechos civiles”.

En noviembre de 2010, las conversaciones produjeron una declaración de cinco puntos de principios conocida como Pacto de Utah, en el cual se enfatiza el respeto por el imperio de la ley, pero también la importancia de mantener juntas a las familias, apoyar a los negocios y recibir a “la gente de buena voluntad”.

El Departamento de Justicia demandó a Utah para evitar la aplicación de la ley, como lo hizo con Arizona, argumentando que el estatuto invade terreno federal. Un tribunal federal retrasó la ley.

Hasta ahora, Shurtleff logró convencer a funcionarios federales para abstenerse de entablar una demanda contra la ley de trabajadores huéspedes. Proporcionó una solución inverosímil al decir que Utah daría a las autoridades federales las listas de los inmigrantes indocumentados a los que se les otorgaran permisos como huéspedes para que se les exente de la deportación como grupo.

Al hacer proselitismo por la estrategia de Utah, Shurtleff abordó las convenciones para aplicar la ley, convocó a sesiones regionales sobre estrategia y asesoró a legisladores de otros estados.

En una conferencia de sus contrapartes el año pasado, debatió acaloradamente con Tom Horne, el fiscal general de Arizona, un compañero republicano. En un programa de radio, se enfrentó a Dan Stein, jefe de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, una importante organización restriccionista, desestimando su crítica “risible” sobre las leyes de Utah.

Shurtleff ha enemistado a algunos dirigentes republicanos en Utah. Sin embargo, también obtuvo el apoyo de latinos que se han alejado de los republicanos en otras partes. Tony Yapias, un dirigente latino de tiempo atrás en Utah, describió a Shurtleff como “el republicano más compasivo que conozco”.

El Pacto de Utah inspiró alianzas similares en Arizona, que defensores ahí dijeron ayudaron a impulsar la destitución el año pasado de Russell Pearce, un republicano mormón que era presidente del Senado de Arizona y principal autor de iniciativas de ley contra los inmigrantes indocumentados.

Se firmaron pactos idénticos en Indiana y Iowa. Y legisladores en Florida, Georgia, Kansas y Nebraska consideraron una legislación basada en los principios del pacto.