CIUDAD DE MEXICO – Un brote de violencia en el suroeste rural de México llevó a los civiles de una serie de comunidades a tomar las armas y vigilar sus propias comunidades, alumbrando la falta de seguridad estatal cuando un gobierno federal nuevo se prepara para enfrentar a la violencia en el país.

La erupción más reciente de vigilancia ciudadana empezó hace unas tres semanas en el pueblito montañoso de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, cuando los habitantes tomaron rifles y machetes, y aprehendieron a por lo menos tres docenas de personas que, según dijeron, debieron haber detenido las autoridades.

Desde entonces, la práctica se propagó a otras zonas del estado, y dirigentes del movimiento y funcionarios locales de derechos humanos dicen que más de cien pequeñas comunidades ahora patrullan ellas mismas.

Hace poco, medios informativos locales reportaron que una comunidad indígenas en el estado de Jalisco también planeaban sus propias fuerzas policiales ciudadanas.

La justicia vigilante es común en México, en particular en las zonas rurales indígenas, donde faltan policías y es profunda la desconfianza hacia las instituciones del Estado. Sin embargo, la propagación de las bandas de narcotráfico y crimen organizado hacia las regiones remotas en los últimos años ha empeorado el sentido de ilegalidad allá, creando el tipo de estallidos de violencia que el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha prometido controlar con una fuerza paramilitar planeada.

El movimiento de vigilancia ciudadana en Guerrero comenzó en 1995, y ahora dice ser la ley en 77 ciudades y pueblos en el estado. El movimiento también se ha propagado a la Colonia Le Barón, en la frontera con el estado de Chihuahua, donde los habitantes establecieron una fuerza de defensa civil en 2009, después del asesinato de dos de ellos, y en Cherán, en el estado de Michoacán, cuyos habitantes expulsaron a la policía en 2011, cerraron los accesos al pueblo y se armaron contra los violentos taladores ilegales que se cree están protegidos por organizaciones criminales.

En Ayutla de los Libres, los escuadrones de la policía ciudadana construyeron sus propios retenes, copiando a los otros movimientos policiales de bases en la región. El destino de los aprehendidos, sospechosos de extorsionar y secuestrar, es incierto. Abel Barrera Hernández, un funcionario de derechos humanos en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dijo que los habitantes investigarían los delitos y realizarían un juicio público para finales de mes.

No hay estimados independientes sobre cuántas personas participan en estas campañas, pero los dirigentes del movimiento esperan que se sumen cada vez más comunidades.

“El arma más importante será la organización de la gente”, dijo Bruno Plácido Valerio, quien ayuda a organizar la vigilancia comunitaria en Guerrero. Dijo que dirigentes de otras comunidades los llaman con regularidad porque quieren unirse al movimiento.

Al parecer, el gobernador del estado, Angel Aguirre Rivero, tolera el giro de los acontecimientos, con un equilibrio entre las promesas para restablecer la autoridad estatal y el reconocimiento de los huecos en la vigilancia al proporcionarles vehículos, uniformes y radios a algunas de las policías comunitarias más establecidas.

Funcionarios federales han dicho que están preparados para reinstituir la vigilancia estatal. “Los entendemos, y por eso es que tenemos que ejercer toda la fuerza del Estado para protegerlos”, dijo el jueves Miguel Angel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, en rueda de prensa en el estado de Nayarit.

Gran parte de la autovigilancia sucede en comunidades indígenas, donde son profundas la pobreza y marginación. Muchas de ellas han alimentado la suspicacia hacia el Estado; en efecto, algunas se consideran autónomas de México, que, en ocasiones, les ha otorgado el autogobierno de facto. “Se les ha permitido revalorar sus instituciones, recrearlas y confrontar algo que el Estado mexicano no ha podido resolver”, señaló Sergio Sarmiento Silva, un experto en movimientos indígenas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Algunos funcionarios, incluido el gobernador, sopesan llamados a respetar a la autoridad estatal mientras que defienden cierto reconocimiento legal a los grupos policiales comunitarios para llenar los huecos evidentes en la ley y el orden. “Deberíamos proponer una reforma constitucional en la que se incluya la participación de la policía comunitaria, porque en muchos lugares donde opera, han bajado los niveles delincuenciales”, dijo Aguirre Rivero.

Plácido Valerio dijo que la policía comunitaria acataría el debido proceso para los detenidos.

Entre tanto, ya se enfrentan a algunos de los problemas espinosos con los que se encontraron los profesionales a los que remplazaron.

El martes, una unidad de autodefensa civil en Atliaca, Guerrero, disparó contra Benito García y lo mató, un sospechoso de robo, de 30 años. Los detalles siguen siendo turbios.

La familia de García dice que era inocente y ha exigido una investigación estatal.