KUNDUZ, Afganistán.- El agente de policía habló con calma y seguridad mientras insistía que él no podría haber violado a la hija adolescente de un pastor local, ya que un mulá los había casado justo antes de tener relaciones sexuales.

“Una vez que el contrato matrimonial está hecho, cualquier relación sexual no es considerada violación”, dijo Jodaidad, de 42 años de edad, quien hasta que fue detenido en el caso había trabajado para la Policía Local de Afganistán, entrenada por Estados Unidos.

Su hermano Ghulam Sakhi, acusado por la joven mujer de haber participado en su secuestro, estaba sentado al lado de Jodaidad en el suelo de una pequeña sala de recepción tradicional en la cárcel de la provincia de esta localidad. Él intervino: “En la cultura pastún, las jóvenes no tienen el derecho a decidir con quién casan y con quién no quieren contraer matrimonio. Ellas deben casar con quienquiera que sus padres elijan para ellos”.

Ninguno de los hombres ha sido acusado formalmente, y ambos niegan los alegatos de secuestro y violación.

Los fiscales, familiares y defensores de los derechos humanos disienten con vehemencia con respecto a la descripción de los sospechosos sobre lo ocurrido a La Bibi, la joven mujer: dicen que se duda muy poco que ella fue secuestrada y violada y que no hubo ningún matrimonio. Además, desafían la idea de que cualquier matrimonio en dichas circunstancias pudiera ser legítimo o exonerar la violación. El matrimonio forzoso es ilegal bajo la ley afgana, destacó el General Mohammed Sharif Safi, el fiscal militar en Kunduz.

Sin embargo, para mucha gente aquí, incluido el jefe de policía de Kunduz y el portavoz del ministerio del Interior - los cuales insistieron en que el caso era sobre un matrimonio forzoso, no violación -, lo primero al parecer era menos censurable, aunque otros considerarían que la línea entre ambos era tenue.

Entrevistas con más de una docena de personas vinculadas con el caso sugieren que hay mucho más en juego que la suerte de la hija de 18 años de un pastor. Su dura situación ilumina la persistencia de la costumbre tribal, la fragilidad de protecciones legisladas recientemente para mujeres y el poder de hombres armados.

Lo que constituye violación es apenas uno de los contenciosos temas en este caso, el cual salió a la luz por vez primera hace aproximadamente un mes, cuando Lal Bibi y su familia dieron el inusual paso de comunicar en público sus acusaciones. El caso le dio impulso temporal al Presidente Hamid Karzai, quien ordenó que los responsables sean llevados ante la justicia y que la unidad de policía involucrada sea desarmada.

Sin embargo, algunos integrantes del Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán argumentaron que ir en pos de los alegatos podría opacar la imagen de la Policía Local de Afganistán, red de milicias a las que consideran esenciales para mantener la seguridad y mantener a raya al talibán.

Si bien comparten el objetivo de seguridad, fiscales y defensores de los derechos humanos quieren mostrar que este es un nuevo Afganistán, donde el estado del dominio del arma no debería superar al estado de derecho.

“El problema es que estas personas son analfabetas y carecen de educación”, dijo Safi, el fiscal militar, hablando en general de la policía y en particular de la unidad involucrada en el caso. “No les han informado cual es la descripción de su trabajo, no tienen un código de conducta, en su mayoría son ex milicianos que aún tienen la mentalidad que tenían hace 15 años: siguen pensando que pueden matar con impunidad, violar con impunidad”.

“Yo apoyo con fuerza el programa de la Policía Local de Afganistán”, agregó. “Es un programa muy bueno, pero critico considerablemente el reclutamiento y el proceso de selección”.

Pese a los defectos del programa, dijo Safi, como fiscal él preferiría enormemente lidiar con la policía local, que cae bajo la jurisdicción del ministro del Interior, lo cual le da mayor autoridad para actuar de lo que es su caso ahora con otros grupos armados.

Lal Bibi y su familia no están seguros de si se hará justicia o si seguirán humillados en su comunidad por tener a una hija cuya reputación, conforme a las tradiciones tribales de los pastún, ha sido manchada. Familias en circunstancias similares a veces matan a las víctimas debido a lo que se percibe como deshonor.

La semana pasada, la familia, que nunca había visitado la extensa capital afgana, Kabul, hizo la travesía de 10 horas en taxi desde ciudad Kunduz, donde se habían refugiado, y pagado habitaciones de hotel para que el padre y el abuelo de la jovencita pudieran intentar persuadir a funcionarios gubernamentales de que oyeran su historia.

“Nunca antes habíamos estado aquí, y sabe, es sumamente difícil convencer a funcionarios para que te reciban”, dijo el abuelo de Lal Bibi, Hajji Rustam, mientras veía sus zapatos, mismos que había lustrado para sus visitas a los ministerios.

Lal Bibi y su madre también habían venido; como mujeres, no podían quedarse solas en casa, en Kunduz. Sin embargo, estaban en otra habitación y no estaban en condición de recibir visitantes, dijo el padre de la joven.

Dos sospechosos más fueron detenidos el fin de semana pasado, incluido el presunto líder del grupo en el crimen, Comandante Muhammad Ishaq Nezaami, quien encabezaba la unidad de policía local y es acusado de haber ordenado el secuestro de Lal Bibi. Anteriormente, el jefe de policía de Kunduz y otras personas dijeron que Nezaami y el otro hombre habían abandonado el área, pero los dos fueron aprehendidos en el puesto de avanzada donde habían trabajado en el pasado.

La orden de Karzai sobre el desarme de la unidad de policía involucrada en el incidente al parecer fue superado en su mayor parte por los sucesos, ahora que cuatro de los cinco integrantes de la unidad han sido detenidos.

En el ínterin, el General Samiula Qatra, el jefe de policía de la provincia de Kunduz, y el Coronel Mohammed Shutor, el director del programa de la policía local en Kunduz, han traído una nueva unidad. Está encabezada por el hermano de Nezaami, acción que ha enfurecido a algunos residentes que lo ven como una provocación deliberada.

“El hermano de Nezaami estaba conduciendo el camión de Nezaami, así que la gente piensa que él ya regresó, y eso los asusta”, dijo Hajji Balkhi, uno de los ancianos de la comunidad de Lal Bibi. “Es un insulto, no solo para Hajji Rustam sino para todos nosotros”.