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Updated: Fri, 22 Feb 2013 11:37:59 GMT | By BBC Mundo, BBC Mundo

Uruguay: traslado de jueza sacude al mundo de los DD.HH.

La principal jueza que investigaba crímenes de lesa humanidad del último gobierno militar fue removida repentinamente por la Suprema Corte de Justicia. Denuncian demoras en las investigaciones.


Uruguay: traslado de jueza sacude al mundo de los DD.HH.

"Mariana Mota. Foto: AFP"

Para los entendidos en la materia, el cambio que le tocó a la jueza uruguaya Mariana Mota es bastante inusual.

El Tribunal Supremo de Uruguay decidió poner fin a su carrera de siete años como jueza en el área penal y trasladarla al área civil. Un salto brusco de área de competencia.

Pero el cambio propiamente, pese a lo inusual entre jueces, probablemente no hubiese generado mucha repercusión de no tratarse de la principal jueza que investigaba los crímenes de lesa humanidad del último gobierno militar que tuvo el país (1973-1985).

'La corte tiene la potestad discrecional de trasladar a jueces, pero en mi caso no estuvo fundamentada (explicada por escrito), no se dijo el por qué', señaló Mota en exclusiva a BBC Mundo.

'Es una situación anómala. Pero no tengo explicación, porque no la dieron (la Corte). Lo que está claro es que yo no pedí salir de penal, ni tampoco hubo una sanción en mi contra (que justificase la medida)', agregó.

Grupos de defensores de los derechos humanos en Uruguay y Argentina han protestado fuertemente el cambio, ya que consideran que la salida de Mota generará demoras importantes en la investigación de uno de los capítulos más oscuros de la historia del país.

Imposibilidad

El gobierno militar uruguayo es señalado de haber dejado unos 200 desaparecidos, y de haber detenido arbitrariamente (y por lo general torturado) a miles de personas. En los años setenta, Uruguay tuvo uno de los promedios de presos políticos per cápita más altos del mundo.

Sin embargo, tras la vuelta de la democracia pocos han sido encontrados responsables de tales hechos, debido a que aún permanece en vigencia una legislación (cuya derogación fue rechazada dos veces en referéndum popular) que impidió durante años la investigación de dichos crímenes.

No obstante, la llamada Ley de Caducidad ha sido declarada inconstitucional tres veces por la Corte Suprema, lo que permitió de a poco al juzgado de Mota iniciar nuevas investigaciones que llevasen a juicios efectivos.

Uno de ellos, el más emblemático, fue el que sentenció a 30 años de prisión al exgobernante de facto José María Bordaberry, en 2010.

Por ello la jueza no duda en señalar que el cuestionamiento en su contra 'viene de quienes defienden a los militares'.

Del sector castrense uruguayo hubo reacciones a la salida de Mota. Guillermo Cedrez, presidente del Círculo Militar uruguayo, afirmó que ella no era 'imparcial (...) algo inadmisible para un juez'.

Cedrez hace referencia a la participación de Mota en una marcha de derechos humanos por los desaparecidos el año pasado.

Sin embargo, trascendió que con la propia cúpula del poder ejecutivo también pudo haber habido roces.

El año pasado Mota viajó a Argentina a un foro sobre derechos humanos y cuestionó en una entrevista con un diario lo que a su juicio es una falta de política de derechos humanos del gobierno de José Mujica.

'Eso molestó al presidente y al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández', reconoce.

Tanto Mujica como Fernández son exguerrilleros, Tupamaros. Ambos pasaron al menos una década de cárcel y maltratos en detención: el actual mandatario, por ejemplo, estuvo varios años en confinamiento solitario en un pozo.

Tal situación pareciera mostrar algo de ironía: supuestamente se habrían molestado con una jueza que justamente investigaba crímenes sufridos por ambos en carne propia.

'Yo manifesté que (Mujica y Fernández) no podían ser objetivos sobre el tema por haber sido víctimas. Y eso los molestó mucho. Hubo expresiones de estas personas manifestando su malestar', explicó Mota.

No obstante, no se ha podido vincular la influencia de tal desencuentro con la salida de la jueza del área penal.

Críticas

El propio titular de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Ruibal, negó una relación entre los juicios de crímenes de lesa humanidad con el traslado de juzgado y competencia jurídica.

'Ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera', declaró Ruibal a un diario uruguayo.

Pero desde diferentes círculos académicos y de la defensa de los derechos humanos se ha criticado la decisión.

'La decisión de la CSJ (...) es evidencia de que continúa la cultura de impunidad por los crímenes de la dictadura de 1973-1985', señaló un documento emitido por los investigadores Pierre-Louis Le Goff y Francesca Lessa, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford.

'Con su salida es bastante improbable que los 55 casos de abusos en la dictadura que la jueza investigaba sigan adelante y más bien se vean largamente demorados, como lo cual pudiera verse reducida la posibilidad de que muchos de los acusados, de avanzada edad, enfrenten a la justicia', agregó el documento enviado a BBC Mundo.

Mota asevera que en Uruguay ha sido particularmente difícil investigar lo sucedido en el último gobierno militar, a diferencia de Argentina, lo cual a su juicio queda ejemplificado con su traslado de tribunal.

'Con todo lo que pasó todo (las investigaciones) va a ser como empezar de nuevo'.

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